Autoridades buscan que corporaciones de seguridad también puedan participar en revisiones de centros de rehabilitación.
El gobierno de Puebla analiza modificaciones para permitir que corporaciones de seguridad pública participen en la supervisión de anexos y centros de rehabilitación en todo el estado, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre este tipo de espacios.
De acuerdo con autoridades estatales, actualmente se tienen identificados cerca de 240 anexos operando en distintos municipios poblanos; sin embargo, las revisiones oficiales son realizadas únicamente por instancias de salud.
Ante este panorama, se busca establecer un esquema de coordinación entre áreas de Salud, Gobernación y Seguridad Pública para verificar las condiciones de funcionamiento de estos centros y garantizar que cumplan con los objetivos de atención y rehabilitación.
Las autoridades señalaron que existe preocupación debido a que algunos anexos podrían estar siendo utilizados para actividades distintas al tratamiento de adicciones o relacionados con personas vinculadas a hechos delictivos.
Asimismo, se recordó que recientemente ocurrieron hechos violentos en un centro de rehabilitación de otro estado del país, situación que reactivó el debate sobre la regulación, supervisión y control de este tipo de establecimientos.
La propuesta contempla impulsar cambios legales que permitan ampliar las facultades de inspección y fortalecer los mecanismos de supervisión interinstitucional.
También se pretende verificar que los anexos cuenten con condiciones adecuadas para brindar atención a personas con problemas de adicciones, además de revisar aspectos relacionados con seguridad, operación y funcionamiento interno.
Las autoridades indicaron que la intención no es afectar el trabajo de los centros que operan de manera regular, sino evitar riesgos para usuarios y detectar posibles irregularidades.
El tema continúa en análisis entre dependencias estatales y legisladores, mientras se revisan posibles reformas para establecer nuevas reglas de supervisión en Puebla.Buscan ampliar supervisión de anexos en Puebla ante riesgos de seguridad
Autoridades buscan que corporaciones de seguridad también puedan participar en revisiones de centros de rehabilitación.
El gobierno de Puebla analiza modificaciones para permitir que corporaciones de seguridad pública participen en la supervisión de anexos y centros de rehabilitación en todo el estado, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre este tipo de espacios.
De acuerdo con autoridades estatales, actualmente se tienen identificados cerca de 240 anexos operando en distintos municipios poblanos; sin embargo, las revisiones oficiales son realizadas únicamente por instancias de salud.
Ante este panorama, se busca establecer un esquema de coordinación entre áreas de Salud, Gobernación y Seguridad Pública para verificar las condiciones de funcionamiento de estos centros y garantizar que cumplan con los objetivos de atención y rehabilitación.
Las autoridades señalaron que existe preocupación debido a que algunos anexos podrían estar siendo utilizados para actividades distintas al tratamiento de adicciones o relacionados con personas vinculadas a hechos delictivos.
Asimismo, se recordó que recientemente ocurrieron hechos violentos en un centro de rehabilitación de otro estado del país, situación que reactivó el debate sobre la regulación, supervisión y control de este tipo de establecimientos.
La propuesta contempla impulsar cambios legales que permitan ampliar las facultades de inspección y fortalecer los mecanismos de supervisión interinstitucional.
También se pretende verificar que los anexos cuenten con condiciones adecuadas para brindar atención a personas con problemas de adicciones, además de revisar aspectos relacionados con seguridad, operación y funcionamiento interno.
Las autoridades indicaron que la intención no es afectar el trabajo de los centros que operan de manera regular, sino evitar riesgos para usuarios y detectar posibles irregularidades.
El tema continúa en análisis entre dependencias estatales y legisladores, mientras se revisan posibles reformas para establecer nuevas reglas de supervisión en Puebla.
