El acceso al servicio en instituciones públicas muestra un crecimiento sostenido desde 2024.
En Puebla, a casi dos años de la despenalización del aborto, las cifras oficiales reflejan un aumento constante en el acceso a la interrupción legal del embarazo en el sistema de salud pública.
De acuerdo con datos hasta el primer trimestre de 2026, el acumulado de procedimientos supera los 750 casos y se aproxima a los 800 desde que se implementó la medida el 15 de julio de 2024.
Durante el periodo inicial, de julio a diciembre de 2024, se registraron alrededor de 244 interrupciones legales, concentrándose la mayoría entre agosto y noviembre de ese año. En esta etapa, la atención se canalizó principalmente a unidades especializadas del sistema de salud, que funcionaron como centros de referencia.
Para 2025, el número de procedimientos aumentó de forma significativa, alcanzando 479 casos en todo el año, lo que consolidó la tendencia al alza en la demanda del servicio.
En lo que va de 2026, aunque no existe un corte definitivo público, los registros disponibles indican que el crecimiento continúa, manteniendo una línea ascendente en el acceso a este derecho.
En cuanto al perfil de las pacientes, la mayoría de las interrupciones se realizan en etapas tempranas del embarazo, principalmente entre la sexta y séptima semana de gestación. El grupo de edad más frecuente se ubica entre los 20 y 30 años.
Respecto a los métodos utilizados, predomina el uso de medicamentos, como misoprostol solo o en combinación con mifepristona, lo que permite procedimientos menos invasivos y con seguimiento médico.
Por otra parte, los casos derivados de violencia sexual representan una proporción menor dentro del total, con un promedio anual estimado entre 17 y 20 procedimientos bajo los lineamientos de la NOM-046.
Estas cifras reflejan una mayor disponibilidad del servicio en el sector público y un incremento progresivo en su utilización tras la despenalización.
