La Suprema Corte resolvió un caso de sucesión en Puebla y determinó que las tareas de cuidado pueden ser consideradas dentro del análisis judicial en procesos hereditarios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad un amparo relacionado con un caso de sucesión en Puebla, donde se analizó la constitucionalidad de las reglas aplicables cuando una persona fallece sin testamento, sin cónyuge y sin descendientes.
La resolución surgió a partir de una disputa entre el padre de una persona fallecida y su hermana, quienes reclamaban derechos sobre la herencia bajo las disposiciones establecidas en el Código Civil del Estado de Puebla.
El proyecto fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y respaldado por el Pleno de la Corte, que confirmó la validez constitucional de los artículos 3326 y 3348 del Código Civil poblano relacionados con el orden de prelación sucesoria.
La legislación vigente establece que, en ausencia de testamento, los familiares con parentesco más cercano tienen prioridad sobre aquellos considerados más lejanos, por lo que en este caso el padre tenía preferencia legal frente a la hermana de la persona fallecida.
Durante la discusión del asunto, ministras y ministros coincidieron en que estas disposiciones son compatibles con la Constitución y buscan otorgar certeza jurídica en los procesos hereditarios.
Sin embargo, el máximo tribunal también determinó que la aplicación de estas normas debe analizarse tomando en cuenta las particularidades de cada expediente y las circunstancias específicas involucradas en cada caso.
En el asunto revisado, la hermana de la persona fallecida argumentó haber desempeñado labores de cuidado hacia el familiar, situación que fue considerada relevante por la Corte para efectos del análisis judicial.
Las y los ministros señalaron que este tipo de tareas pueden formar parte de la valoración que realicen las autoridades competentes al momento de resolver quién tiene derecho a heredar dentro de un proceso sucesorio.
Con esta resolución, la SCJN mantuvo vigente el criterio legal que privilegia a familiares cercanos en las herencias sin testamento, pero también abrió la posibilidad de considerar elementos relacionados con cuidados y asistencia familiar dentro de futuros casos similares.
