Activistas y comunidades indígenas advierten riesgos para el agua, la salud y el medio ambiente ante la posible reactivación de la fractura hidráulica en la región.
La Sierra Norte de Puebla vuelve a colocarse en el centro del debate energético nacional. El Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla retomar la exploración y evaluación de yacimientos no convencionales mediante fractura hidráulica, mejor conocida como fracking, en municipios como Pantepec, Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza, ubicados dentro de la cuenca Tampico-Misantla.
La estrategia forma parte de los esfuerzos para incrementar la producción nacional de gas natural y reducir la dependencia energética del país. Sin embargo, organizaciones ambientales, especialistas y representantes de pueblos originarios han manifestado su preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales que podría generar esta actividad.
De acuerdo con especialistas, la perforación de pozos no convencionales puede requerir entre 5 y 61 millones de litros de agua por pozo, además del uso de sustancias químicas que han sido señaladas por sus posibles efectos sobre los ecosistemas y la salud de las comunidades cercanas.
Registros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) identifican en la región los pozos Pankiwi-1EXP, en Pantepec, y Maxochitl-1EXP, en Venustiano Carranza, ambos actualmente inactivos, pero considerados dentro de las áreas de interés para futuras evaluaciones.
Representantes de organizaciones ambientalistas sostienen que la Sierra Norte continúa siendo considerada una zona estratégica para la exploración hidrocarburífera y advierten que la reactivación del fracking podría afectar recursos hídricos, actividades agrícolas y la calidad de vida de las comunidades.
Por su parte, integrantes de pueblos indígenas totonacos han reiterado su rechazo a estos proyectos y demandan respeto a sus derechos territoriales, así como la protección del agua y los ecosistemas de la región.
Mientras Pemex mantiene su apuesta por ampliar las reservas energéticas del país, el debate sobre los beneficios económicos y los posibles costos ambientales del fracking continúa abierto en Puebla y otras entidades del país.
