La entidad ocupa el octavo lugar nacional; expertos advierten que pobreza, discriminación y violencia sexual sostienen el problema.
El estado de Puebla se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de fecundidad forzada en niñas de entre 12 y 14 años, al ocupar el octavo lugar nacional durante 2025, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Durante ese año, la entidad registró una tasa de 2.95 nacimientos por cada mil menores en ese rango de edad, cifra superior al promedio nacional de 2.39, lo que evidencia que esta problemática persiste como un fenómeno estructural ligado a múltiples factores sociales.
Entre las principales causas destacan la pobreza, la discriminación, así como prácticas tradicionales como los matrimonios infantiles o uniones arregladas, que continúan normalizando la maternidad temprana en diversas regiones del estado.
Aunque el indicador ha mostrado una ligera disminución en comparación con años anteriores —cuando en 2018 se reportaron 3.68 nacimientos por cada mil niñas—, la reducción no ha sido suficiente para que Puebla deje de figurar entre los estados con mayor incidencia en el país.
A nivel nacional, se estima que en 2025 ocurrieron 7 mil 887 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años, lo que equivale a aproximadamente 22 casos diarios, una cifra que refleja la magnitud del problema en México.
Especialistas señalan que este fenómeno representa una grave violación a los derechos humanos y está vinculado, en la mayoría de los casos, a violencia sexual. Además, advierten que el embarazo en niñas interrumpe su desarrollo, provoca abandono escolar y perpetúa ciclos de pobreza intergeneracional.
Asimismo, se destaca que muchas de las menores que enfrentan esta situación cuentan con niveles bajos de escolaridad, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y acceso a mejores condiciones de vida.
Expertos coinciden en que para reducir estos casos es necesario fortalecer la educación sexual integral, garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y combatir la impunidad en delitos sexuales, especialmente en comunidades donde persisten prácticas que vulneran los derechos de niñas y adolescentes.
